La nueva Ley General de Telecomunicaciones aprobada en junio de 2022 busca, principalmente, incentivar las inversiones de los operadores y mejorar la protección de los usuarios, sobre todo en lo que a telefonía móvil se refiere. En este último caso, afecta a los clientes que son titulares de los contratos a los que les habrá llegado un mail o SMS de su operadora avisando de los nuevos cambios.
Estos afectan, sobre todo, a la duración de los contratos, que pasa a ser como máximo de 24 meses. Hasta la fecha, lo habitual era ofrecer contratos indefinidos, aunque el cliente tenía la posibilidad de resolverlo antes de tiempo. Las operadoras han tenido de plazo hasta el 29 de octubre de 2022 para modificar los numerosos acuerdos y comunicar a los consumidores las nuevas condiciones.
A priori, es una ley hecha para beneficiar al consumidor ante compañías que pudieran ofrecer compromisos de permanencia mayores a 24 meses. Ahora la norma establece que pasado ese tiempo, los contratos se prorrogan automáticamente, aunque el cliente tiene derecho a rescindirlo en cualquier momento sin que se pueda aplicar penalización alguna por la baja.
Un cambio que no parece tan favorable para el usuario es que se debe avisar con un margen de 30 días para rescindir el contrato, aunque de momento muchas operadoras están abriendo el abanico de una forma más amable para sus clientes y ofrecen diversas opciones o directamente no lo aplicarán, aunque a corto plazo esto puede variar. Hasta ahora, las compañías de telefonía atendían las altas de contrato o portabilidades en 48 horas.
La nueva Ley General de Telecomunicaciones contempla varias características para el consumidor que debería conocer a la hora de renovar con su compañía o hacer una portabilidad a otra. Las principales son:
Una de las mayores dudas que pueden generarse entre los usuarios es la que se refiere a la adquisición de teléfonos financiados por medio de sus compañías, ya que muchas ofrecen el pago con una duración mayores a 24 meses. En esta situación si el cliente no renueva y decide irse a otra operadora debe abonar lo que quede del teléfono o devolver el terminal, si es algo que permite el acuerdo firmado entre las partes.
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